La Corte Constitucional, insistiendo sobre la necesidad de una intervención urgente del legislador, ha establecido que no sea punible “quien facilita la ejecución del propósito de muerte, que se haya autónomamente y libremente formado, de un paciente mantenido en vida por tratamiento de sostén vital y afectado por una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psicológicos, que él considera intolerables, pero plenamente capaz de tomar decisiones libres y conscientes”.
La no punibilidad ha sido subordinada al “respeto de las modalidades previstas por la normativa sobre el consentimiento informado, sobre las curas paliativas y sobre la sedación profunda continua (artículos 1 y 2 de la ley 2019/2017) y a la verificación ya de las condiciones requeridas, ya de las modalidades de ejecución por parte de una estructura pública del Sistema Sanitario Nacional, habiendo escuchado el parecer del comité ético territorialmente competente”.
Para evitar abusos hacia personas vulnerables, la Corte Constitucional ha previsto “específicas condiciones y modalidades de procedimiento”
Marco Cappato, miembro del Partido Radical que ayudó a DJ Fabo a morir a sabiendas de que podría ser condenado, ha comentado así en Twitter la decisión de la Corte Constitucional: “La Corte ha decidido: quien está en las condiciones de Fabo tiene derecho a ser ayudado. Desde hoy somos todos más libres, también quien no está de acuerdo. Es una victoria de la desobediencia civil, mientras que los partidos giraban la cabeza por el otro lado”.
La Consulta ha deciso: chi è nella condizioni di Fabo ha diritto a essere aiutato. Da oggi siamo tutti più liberi, anche chi non è d’accordo. È una vittoria della disobbedienza civile, mentre i partiti giravano la testa dall’altra parte. Vi aspetto al Congresso @ass_coscioni!
— Marco Cappato (@marcocappato) September 25, 2019
Numerosas las voces contrarias. Primera la de Giuseppe Battimelli, vicepresidente de la Asociación de los Médicos Católicos Italianos (AMCI), que ha anunciado: “Por lo menos 4.000 médicos católicos están listos para hacer objeción de conciencia en el caso que, en consecuencia de la pronunciación de la Consulta, el Parlamento italiano legislara en favor de la muerte médicamente asistida”.
Según Battimelli, “la mayoría de los médicos italianos se encuentra en nuestra posición”.
Filippo Anelli, presidente de la Federación Nacional de las Órdenes de los Médicos Cirujanos y Odontólogos (Fnomeceo), ha expresado esta petición al legislador: “Quien sea llamado a proceder formalmente con la muerte asistida y sea responsable de ella, sea un público oficial representante del Estado y no un médico”. Prevé que habrá mucha resistencia en el mundo médico.
Desconcierto expresan los obispos católicos, que se dicen distantes de lo expresado por la Corte, manifestando preocupación por el empujón cultural que puede derivar. También han subrayado la necesidad que sea garantizada la libertad de los operadores sanitarios.
Aún más crítico es Alberto Gambino, presidente de Ciencia y Vida (Cei) y prorector de la Universidad Europea de Roma: “Con la decisión de no punir algunas situaciones de asistencia a la muerte, la Corte Institucional italiana cede a una visión utilitarista de la vida humana”.
Además, continuó: “Desde hoy no será más un deber social impedir siempre la muerte violenta de un ser humano”. Gambino acusa a la Corte de haber cedido a la visión ideológica de los radicales italianos, además a partir de un caso —el del DJ Fabo— de grave discapacidad y no de enfermedad terminal, que ya había sido reglamentada por la ley sobre el fin de vida del 2017.
