Autoridades españolas abrieron una investigación para determinar si existe una conexión entre la Universidad Rey Juan Carlos y un grupo de abogados italianos colegiados en España de manera irregular.
Según Cadena SER, serían al menos 500 los abogados que están bajo la lupa.
La Stampa publica una crónica de Francesco Olivo que permite dimensionar el escándalo: “Sábado 28 de mayo de 2016, Atocha, Madrid. Al menos ocho buses esperan a la comitiva de italianos. Parecen turistas, pero no el destino no es el Prado. La comitiva se dirige a la Universidad Rey Juan Carlos”.
Después de pocas de horas, todos regresan con el título de abogados, lo que en Italia demora tres años.
El diario estima que la operación cuesta alrededor de 11.000 euros por persona. En nuestro país, solo el 30% pasa el examen de Estado.
Ahora, la Fiscalía española investiga la conexión entre la agencia que transportaba a los ‘migrantes de abogacía’ y a la casa de estudios.
En un primer momento, Italia intentó ponerle un freno al creciente y sospechoso número de abogados italianos pero con título español que se inscribían en el país.
Sin embargo, la Corte Europea de Justicia falló en contra y estableció que quien tiene un título en algún país de la Unión Europea debe ser reconocido en los otros Estados miembro.
El historial de la Universidad Rey Juan Carlos
Un máster repleto de dudas otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos le ha costado el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes que es investigada por delitos de cohecho y falsedad en documento público.
La misma suerte corrió la ahora exministra de salud española, Carmen Montón, quien renunció a su cargo tras la denuncia de irregularidades en la obtención de su máster en Estudios Interdisciplinares de Género en el curso académico 2010-2011.
Archivada la investigación sobre la licenciatura de ADE de Pablo Casado al no detectar irregularidades https://t.co/d2rs5lRDin pic.twitter.com/ARhTPxW3TC
— URJC (@urjc) 21 de septiembre de 2018
Por su parte, Pablo Casado, líder del Partido Popular, también se vio implicado en el escándalo, aunque la propia Universidad dio por “archivada la investigación” y aporta las pruebas a la justicia sobre la legitimidad de los estudios cursados.
