Mientras suben los casos de COVID, los distintos organismos del área de la Sanidad analizan la obligatoriedad de la vacuna. Esperan la aprobación del regulador para la vacunación pediátrica.
El viceministro de Sanidad, Andrea Costa, planteó la posibilidad de obligar a vacunarse a quienes están “en contacto con el público”. Dio como ejemplo a los policías o quienes trabajan en distribución, aunque no brindó más precisiones.
En ese mismo sentido, la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, razonó que “el 85% de los italianos no puede ser sancionado” con nuevas restricciones. Es que, si los no vacunados llevan a aumentar los casos, podría cambiar de color una región y, por tanto, endurecerse las restricciones.
Desde las patronales apoyaron este punto de vista. “No podemos deternernos”, señaló Carlo Bonomi, presidente de Confindustria. “Lo único que nos puede hacer seguros es la obligación de vacunar”, planteó sin rodeos. Y cuestionó que un cierre podría ralentizar la recuperación económica.
Apoyo del Comité Técnico Científico
Franco Locatelli, presidente del Comité que asesora al Gobierno, coincidió en tomar medidas adicionales cuando suben los casos de COVID en todo el país. En ese sentido, apoyó la inoculación obligatoria para policías, administración pública o docentes.
El científico cuestionó que vacunar obligatoriamente a toda la población sería una “opción extrema”, aunque no lo descartó.
Asimismo, llamó a aplicarse la tercera dosis a quienes ya deben hacerlo. “Tenemos evidencia de Israel de que la dosis de refuerzo ha contribuido no solo a fortalecer la protección contra enfermedades graves, sino también a reducir marcadamente la circulación viral”, señaló.
En tanto, consideró que, en cuanto la autorice la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la AIFA italiana, deberá comenzar la vacunación pediátrica. Aunque las formas graves son “raras”, los casos han aumentado en la franja de 6 a 11 años.
