El Gobierno definió que, en un mes, todos los trabajadores deberán tener al día su Pase sanitario para moverse. La medida implica, en los hechos, la vacunación obligatoria de la población activa.
Así lo definió por unanimidad el Consejo de Ministros que encabeza el premier Mario Draghi. A partir del 15 de octubre, los empleados del Estado y de empresas privadas, así como los autónomos deberán tener el Green Pass actualizado.
Pero no podrán realizarse una prueba cada 48 horas, como estipulaban las medidas anteriores que hicieron obligatorio el pase en algunos sectores. Es decir que sólo podrán obtenerlo habiéndose recuperado del COVID-19, o bien vacunándose.
Sólo podrán evitar el pinchazo quienes tengan un justificativo médico para no inocularse
El decreto impide que un empleado ingresa al trabajo sin su certificado. Si en cinco días no lo presenta, puede ser suspendido de su salario y multado con hasta 1.000 euros.
Aunque la iniciativa implica a más de 20 millones de personas, el objetivo concreto con unos 3 millones que, por distintos motivos, aún no han sido inoculados. La nueva imposición se suma a la que había extendido el Green Pass a trabajadores sanitarios y a quienes asisten a espacios públicos.
La mirada del Gobierno
“Es un decreto para seguir abriendo el país”, justificó Draghi luego de la aprobación. La medida incluso suma a los cargos electos y a los funcionarios de alto rango.
Por su parte, el Comisario Extraordinario para la emergencia del COVID-19, el general Francesco Figliuolo, planteó que, con esta vacunación obligatoria de hecho, la campaña de inmunización podría tomar el impulso que le faltaba.
Así, según sus cálculos, Italia podría llegar a mediados de octubre a la inmunidad comunitaria o de rebaño. Es decir, aunque no toda la población esté vacunada, el alto número de inmunizados limitaría fuertemente la circulación de la enfermedad.
