El 17 de junio Luigi Di Maio, guía del Movimiento 5 Estrellas —quizás también por las criticas que le movió su compañero de partido Alessandro Di Battista que lo acusó de ser demasiado moderado— convocó con urgencia una reunión a Palazzo Chigi para acelerar el proceso y obtener la ley sobre salario mínimo, la cual afectará a alrededor de cuatro millones de trabajadores.
Después del encuentro con los ministros del Movimiento, en la reunión fueron convocados la primera firmante de la propuesta de ley sobre salario mínimo, Nunzia Catalfo, la viceministro el Ministerio de Economía y Financia, Laura Castelli, y algunos técnicos.
En la reunión el vicepremier habría dicho: “Hay que restituir dignidad a millones de trabajadores mal pagados pero es también necesario ayudar las empresas perjudicadas por los impuestos”. Se deduce que las propuestas sobre salario mínimo y reducción del cúneo fiscal marcharán paralelas: en la reunión Di Maio presentó una primera propuesta para la reducción impositiva para insertarla en la próxima ley de balance.
Negativo, por lo menos en parte, el juicio del Ocse (la Organización para la cooperación y el desarrollo económico, compuesta por 34 países democráticos, entre ellos Italia). Andrea Garnero, economista en el departamento trabajo y cuestiones sociales de esa organización, en una audición sobre el tema en Comisión trabajo en la Cámara, dijo que la retribución mínima “no es la solución a la cuestión salarial en Italia o a los problemas del mercado del trabajo italiano”. “Es un instrumento legítimo, interesante” —explicó— “con algunas potencialidades, pero también con algunos límites”.
Un salario mínimo de 9 euros cada hora sería el más alto del área Ocse y de la mayoría de los contratos colectivos existentes: una cifra “muy elevada” según el economista.
Según las proyecciones del Istat las empresas tendrían un aumento de precios de 4,3 mil millones de euros, que deberían verterse en los precios de los productos o provocarían una disminución del margen operativo bruto, mientras que la administración pública pagaría casi 700 millones más. Pero no todo ese dinero acabaría en deuda, debido al aumento de las entradas por los impuestos.
