La situación judicial de Ilaria Salis, la activista italiana detenida en Budapest (Hungría) desde hace 13 meses bajo la acusación de agredir a dos militantes de extrema derecha, ha dado un nuevo giro tras la negativa del juez Jozsef Sòs a otorgarle el arresto domiciliario.
La decisión, tomada durante una extensa audiencia en la que solo pudo declarar Salis, ha generado una ola de críticas y preocupación, tanto dentro como fuera del ámbito judicial.
El padre de Ilaria, Roberto Salis, ha expresado su indignación una vez más ante la decisión del juez, calificándola como “una prueba más del poder del gobierno de Orbán” y denunciando el trato inhumano que recibe su hija en prisión.
“Ilaria aquí es considerada un gran peligro”, afirmó Salis, señalando la falta de atención del Gobierno italiano hacia el caso de su hija.
El rechazo del arresto domiciliario se basó en la argumentación del juez Sós, quien destacó que, dada la gravedad de los delitos imputados por la Fiscalía y el riesgo de fuga, la detención preventiva de 13 meses no era excesiva.
Esta decisión ha avivado nuevamente el debate sobre el uso de medidas coercitivas en el sistema judicial y ha suscitado críticas por parte de los defensores de Salis, quienes consideran que la medida es desproporcionada y violatoria de los derechos humanos.
Los abogados italianos de Salis, Mauro Straini y Eugenio Losco, han anunciado la presentación de un recurso contra la decisión del juez, aunque expresaron su escepticismo sobre su efectividad.
Losco señaló que no existen motivos suficientes para justificar el riesgo de fuga y criticó la presunción de culpabilidad que, según él, ha prevalecido en la corte.
En paralelo a este caso, en Milán se ha ordenado la liberación de Gabriele Marchesi, el joven de 23 años acusado de la misma agresión en Budapest.
La revocación de su arresto domiciliario y la negativa a la extradición a Hungría han generado interrogantes sobre la disparidad en el tratamiento judicial entre ambos casos.
La polémica en torno al caso de Salis ha trascendido las fronteras judiciales, llegando al ámbito político.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Antonio Tajani, ha instado a evitar la politización del proceso judicial y ha expresado su preocupación por el trato recibido por la ciudadana italiana en Hungría.
La autorización de Salis para publicar las imágenes de su comparecencia en la corte, en las que aparece esposada y encadenada, ha reavivado el debate sobre las condiciones carcelarias y el respeto a la dignidad humana en el sistema penitenciario.
