Luego de que el Consejo de Europa expresara sus temores por las consecuencias que el decreto sobre las ONG podría tener sobre su capacidad para salvar vidas en el Mediterráneo, el Gobierno italiano ha respondido que estos temores “son infundados” y ha ratificado su decisión.
El pasado 26 de enero, Dunja Mijatovic, comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, había escrito al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, para que considerara la posibilidad de retirar el decreto ley sobre los migrantes. En particular “para garantizar que el texto cumpla plenamente con las obligaciones del país en materia de derechos humanos y derecho internacional”.
En la respuesta italiana enviada este 2 de febrero a Estrasburgo, se destaca que “a diferencia de lo que se afirma, las nuevas disposiciones no impiden que las ONG realicen más intervenciones de rescate, ni las obligan, y mucho menos, a ignorar cualquier solicitud de ayuda si ya han llevado a otras personas a bordo”.
“Lo que la nueva norma pretende evitar es más bien la actividad sistemática de recuperación de los migrantes en aguas frente a las costas libias y tunecinas con el fin de llevarlos exclusivamente a Italia, sin ninguna forma de coordinación”, justifica el Gobierno.
“Tal conducta, generalizada entre las ONG, se sitúa fuera de lo previsto por las convenciones internacionales sobre rescate en el mar”, agrega.
El Gobierno precisa entonces que la asignación de puertos seguros en el centro y el norte de Italia se realiza para redistribuir entre las regiones las cargas organizativas y logísticas relacionadas con la gestión de los desembarcos, aliviando así el peso sobre Lampedusa, Sicilia y Calabria.
Además, se añade que los buques a los que se asignan los puertos más lejanos son de gran tamaño y, por lo tanto, pueden realizar largos cruces de forma segura, y que antes de asignar el puerto se asegura que no haya situaciones de riesgo para la seguridad de las personas a bordo.
