Los abogados de Arcelor Mittal presentan este 12 de noviembre al Tribunal de Milán la petición de la empresa para rescindir el contrato de alquiler del ex Ilva, que debería llevar a la compra del establecimiento siderúrgico.
Los comisarios extraordinarios contestarán por medio de sus abogados que no están dadas las condiciones, ya que el escudo penal no está garantizado.
Grandes tensiones en la mayoría de Gobierno por esa cuestión. Italia Viva ha propuesto dos escudos penales, uno general y otro particular para Arcelor Mittal que la protegería desde el 3 de noviembre, día en que ha caducado el viejo escudo penal, hasta la total restauración ambiental.
De acuerdo con el escudo penal se ha dicho la secretaria general de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL).
Apoyará por lo menos la propuesta del escudo para Arcelor Mittal el diputado del Movimiento 5 Estrellas Nunzio Agiola, originario de la ciudad de Taranto, que afirma querer convencer a sus compañeros, contrarios a cualquier escudo.
El Ministro de Economía, Roberto Gualtieri, no excluye una intervención de la Caja Depósitos y Préstamos, pero afirma que “la idea que en las crisis industriales haya una solución mágica con el Estado que compra es una peligrosa ilusión”.
Después de subrayar la importancia para Italia y para Europa de mantener la actividad siderúrgica de Ilva, el ministro ha dicho que, por un lado, Arcelor Mittal “tiene que respetar los compromisos industriales y ambientales que ha firmado”, por el otro “el Estado debe se capaz de dar todas las garantías jurídicas y administrativas” necesarias.
Según Confindustria “los últimos progresos sobre Ilva demuestran la incapacidad del País de dar a las empresas reglas ciertas y claras” y también “de avaluar los efectos de determinadas decisiones sobre la economía real”.
Entre tanto, los sindicatos avisan que en el puerto de Taranto, hace algunos días, Arcelor Mittal ha suspendido la descarga de materiales en el malecón polisectorial.
Por la tarde de hoy ha sido convocada una reunión en la sede regional en Bari entre los representantes de los sindicatos, de Confindustria Puglia, de los trabajadores, en presencia del alcalde de Taranto, Rinaldo Melucci, y del gobernador, Michele Emiliano.
