El anuncio de ArcelorMittal, la metalúrgica más grande del mundo, que desistió de adquirir las plantas de la ex Ilva, puso en riesgo 10.000 puestos de trabajo, especialmente en su planta de Tarento.
Esto generó una inmediata reacción de todas las fuerzas políticas, especialmente del líder de La Lega, Matteo Salvini.
El exministro del Interior cargó duramente contra el primer ministro, Giuseppe Conte, culpó a la administración de esta situación y exigió que el jefe del Ejecutivo informe al Parlamento.
Para él, si el Gobierno “con sus impuestos, desembarcos y límites hace que propietarios de Ilva escapen”
“Será un desastre” que pondrá en riesgo esos puestos laborales y “el futuro industrial del país”, agregó Salvini.
Salvini: Si ese escenario se confirmase, la única solución sería “la renuncia del Gobierno”.
Por su parte, la presidente de la bancada de Hermanos de Italia, Mariastella Gelmini, este hecho es “culpa de la incapacidad del Gobierno”.
“Es un crimen contra el trabajo y contra Italia”, agregó Gelmini
Para ella, el cierre de Ilva era el “objetivo” del Movimiento 5 Estrellas, y acusó de “cómplices” a los responsables del Partido Democrático.
Sin embargo, los flamantes socios de Gobierno de los grillini expresaron su “preocupación y desconcierto” por la decisión de ArcelorMittal.
“Que no se pierda tiempo: el presidente Conte debe convocarlos inmediatamente”, agregó Pietro Bussolati, consejero regional de Lombardía. “No se bromea con los trabajadores ni con el medio ambiente: pretendemos seriedad y respeto”, lanzó.
Como explicó AhoraRoma.com, la empresa, en una nota al Comisario Extraordinario de Ilva, le comunicó la recisión del contrato y su intención de desistir de los planes de alquiler y potencial compra, según explicó en una nota de prensa.
El hecho sucede luego de que el Parlamento aprobara una ley que anula el “escudo penal” que evitaba posibles juicios a la empresa por daños ambientales.
Según trascendió, Conte convocó a una reunión extraordinaria a los gerentes de ArcelorMittal: “Es un caso de máxima prioridad para el Gobierno”.
