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Son 81 los imputados por las violentas protestas contra las comunidades gitanas de Roma

(Foto: Twitter @AnalissaCamilli).

La primera revuelta tuvo lugar el 2 de abril en Torre Maura, cuando hubo una protesta porque 16 personas de etnia gitana fueron trasladadas en una estructura de acogida en el VI Municipio de la capital.

Hubo protestas muy fuertes y amenazas, y los bocadillos destinados a los necesitados fueron destruidos. Por todo eso 41 personas exponentes de CasaPound y Fuerza Nueva han sido acusadas por el fiscal adjunto Francesco Caporale y por el público ministro Eugenio Albamonte por varios crímenes, como instigación al odio racial, violencia privada, amenazas, reunión sediciosa, apología de fascismo y atraco (por el robo y pisoteo de los bocadillos).

Las escenas se repitieron de forma muy similar entre el 6 y el 8 de mayo en la zona de Casal Bruciato, cuando una familia de gitanos (llamadas despectivamente ‘rom’) recibió una vivienda popular en via Sebastiano Satta.

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Hubo otras protestas y amenazas. Por eso los fiscales acusaron a 40 personas, de las cuales 24 pertenecen a CasaPound y Fuerza Nueva, por instigación al odio racial, violencia privada, reunión sediciosa, apología del fascismo, amenazas agravadas por el odio racial — en el caso del hombre que gritó “¡Te estupro!” (“te violo”, al español) a la mujer gitana —.

Las demás 16 personas pertenecen a los Antagonistas y a los Movimientos para la casa y se les acusa por el cortejo no autorizado del día 8 de mayo.

En el Parlamento hubo una interrogación de +Europa al ministro del Interior Matteo Salvini, quien dijo que las fuerzas del orden intervinieron para garantizar los derechos de los amenazados y defenderlos, garantizando también el derecho de libre manifestación de disenso, mas “ningún tipo de violencia física o verbal será nunca tolerado ni por el ministro del Interior ni por las fuerzas del orden”.

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Mauro Antonini, responsable de CasaPound por la región Lacio, ha comentado la noticia de las acusaciones a los militantes de extrema derecha: “Estamos serenos y pienso que todo quedará en agua de cerrajas, por lo menos a nivel judicial” y ha añadido que ellos quisieron participar para estar cerca de los ciudadanos que han sido ‘sobrepasados’ por el alcalde y la junta de la capital. “Querer señalizar una injusticia no puede desembocar en un crimen como la apología del fascismo”.

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