Tras la polémica y el descontento de sindicatos, empresas y los propios automovilistas, el ministro de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, intentó poner paños fríos al asegurar que la ecotasa aprobada en Diputados "puede mejorarse en el Senado".

"No queremos crear un shock en el mercado automor", señaló el vicepremier

"Recibí llamadas de fabricantes y consumidores, los pondremos alrededor de una mesa. Queremos crear una legislación para reducir la contaminación", agregó en una transmisión en directo de Facebook.

La iniciativa busca gravar de manera diferenciada a las automovilistas, según las emisiones CO2 de sus vehículos. A partir del 1 de enero de 2019 habrá un aumento de impuestos, de 150 a 3.000 euros, si se registra un nuevo automóvil con emisiones que superen los 110 g/km.

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Además, se otorgará un incentivo de 1.500 a 6.000 para vehículos con emisiones entre 0 y 90 g/km.

"Debemos tender a favorecer a aquellos que no contaminan, y por lo tanto dirigir el mercado, porque debe ser conveniente no contaminar", opinó el ministro de Medioambiente, Sergio Costa.

"Es otra bofetada del Gobierno a la industria nacional. Estas normas esquizofrénicas son perjudiciales para el país y los trabajadores", dice Marco Bentivogli, secretario general de la Federación Italiana de Mecánicos Metalúrgicos (FIM).

"Las inversiones ya planificadas serán cuestionadas y las repercusiones serán muy pesadas para el empleo", subraya Ferdinando Uliano, secretario nacional de la FIM.


En tanto, desde Forza Italia, también cuestionan la medidad: "El Ejecutivo grava al utilitario, al diésel y la gasolina. Una paliza, un drenaje para quienes tienen que comprar un nuevo automóvil y para quienes ya tienen muchas dificultades para hacerlo", escribió en Twitter Mariastella Gelmini, la líder del partido en la Cámara de Diputados.

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