El vicepresidente y ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, ha anunciado que reducirá la duración del paro general convocado para el viernes 29 de noviembre a solo cuatro horas.
Según explicó en un videomensaje, esta decisión busca evitar "el enésimo viernes de caos" para los italianos. La medida, sin embargo, ha desatado una fuerte polémica entre el Gobierno, los sindicatos y la oposición.
Salvini defendió su posición asegurando que no busca limitar el derecho a huelga, sino equilibrar los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía: "En dos años y poco más de gobierno, se han llevado a cabo 949 huelgas en Italia. Por tanto, el derecho a huelga, sí, pero también el derecho al trabajo para la mayoría de los italianos".
La respuesta sindical
Los principales sindicatos, CGIL y UIL, han rechazado enérgicamente la precettación firmada por el ministro y han anunciado que recurrirán a los tribunales. Pierpaolo Bombardieri, secretario general de la UIL, expresó: "Respetamos las reglas, pero si se confirma la precettación, la impugnaremos ante la magistratura". Por su parte, Maria Grazia Gabrielli, de la CGIL, calificó la medida como un ataque al derecho de huelga: "Analizaremos los actos y procederemos judicialmente, incluso hasta el Tribunal Administrativo Regional (TAR), si es necesario".
Ambos sindicatos consideran que el gobierno busca debilitar el derecho de huelga y han reafirmado la movilización de 8 horas para sectores como el transporte público local y el transporte aéreo, mientras excluyen el transporte ferroviario en cumplimiento de la normativa que establece un margen de diez días entre huelgas.
Críticas de la oposición
Elly Schlein, secretaria del Partido Democrático, también condenó la intervención gubernamental: "Se ha convertido en un patrón para este Gobierno evitar el diálogo con los trabajadores y restringir sus derechos fundamentales. La precettación es una violación grave que rechazamos firmemente".
Los sindicatos también señalaron que, en lugar de reducir las horas de huelga, el Gobierno debería enfocarse en renovar contratos y mejorar los servicios públicos: "No deben bloquear las huelgas, sino invertir en transporte público, renovar contratos y garantizar un servicio eficiente para los ciudadanos", subrayó Maurizio Landini, secretario general de la CGIL.
