Un tribunal de Catania ha anulado la detención de un migrante egipcio, quien había solicitado el estatus de refugiado tras llegar a las costas de Sicilia. La medida había sido ordenada por el jefe de la policía de Ragusa el pasado 2 de noviembre, pero fue rechazada por el juez, en un fallo que representa la primera decisión de este tipo desde la aprobación del reciente decreto que declara a ciertos países como "seguros".
Este decreto, promulgado el 23 de octubre de 2024, incluye a Egipto en la lista, lo que implica que, en principio, los migrantes procedentes de estos países podrían ser devueltos sin riesgo aparente para su seguridad.
En su dictamen, el juez argumenta que la existencia de una lista de países seguros "no exime al juez de la obligación de verificar la compatibilidad de dicha designación con el derecho de la Unión Europea".
Según el tribunal, en Egipto se producen "graves violaciones de los derechos humanos que comprometen las libertades de un sistema democrático", lo que, en opinión de la corte, hace inviable que se le considere un país seguro.
La abogada del migrante, Rosa Emanuela Lo Faro, señaló que "es la primera pronuncia de este tipo tras el decreto sobre países seguros".
El juez Massimo Escher, presidente de la sección de Inmigración del Tribunal de Catania, consideró además "irrelevante la cuestión de legitimidad constitucional planteada por el solicitante de protección" y, en su fallo, rechazó la medida de retención del migrante ordenada por el jefe de policía de Ragusa.
Escher subrayó la importancia de evaluar detalladamente la inclusión de Egipto en la lista de países seguros, una lista que no contempla excepciones ni para áreas específicas ni para características personales de los migrantes.
La abogada Lo Faro recalcó que, según el juez Escher, "el decreto no debe aplicarse porque Egipto no es un país seguro por varios motivos, tal como se especifica en los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano". Además, reiteró que el derecho de asilo en Italia está garantizado por el artículo 10 de la Constitución y que "ninguna ley ordinaria puede socavar este derecho fundamental".
Este fallo en Catania se suma a otras decisiones recientes en las que tribunales italianos se han opuesto a la detención de migrantes provenientes de países considerados inseguros, cuestionando la validez del nuevo decreto.
Otro ejemplo similar ocurrió en el tribunal de Roma, donde se suspendió la negativa de asilo para un migrante entre los 12 que fueron enviados a Albania en un primer intento del gobierno de gestionar la crisis migratoria a través de acuerdos externos.
Este contexto de enfrentamiento entre el poder judicial y el gobierno ha suscitado críticas de figuras políticas de alto nivel, como el viceprimer ministro Matteo Salvini, quien arremetió contra los jueces, señalando que "por culpa de algunos jueces comunistas que no aplican las leyes, el país inseguro ahora es Italia".
Desde el Gobierno se insiste en la necesidad de implementar el decreto y en que el proyecto de traslado de migrantes a Albania continuará pese a los reveses judiciales.
Mientras tanto, la tensión entre el Ejecutivo y los tribunales parece en aumento, especialmente en torno a la interpretación de las normativas europeas y su aplicación en el territorio italiano, un tema que los jueces sostienen debe prevalecer sobre las disposiciones internas en casos de derechos fundamentales.
