Gennaro Sangiuliano, exministro de Cultura, está siendo investigado por la Fiscalía de Roma por presuntos delitos de peculado y revelación y difusión de secreto de oficina.
Esta investigación se inició tras una denuncia presentada por el diputado de Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Angelo Bonelli. Dada la posición que ocupó Sangiuliano hasta hace pocos días, el caso será remitido al Tribunal de Ministros, encargado de juzgar a los miembros del gobierno.
La acusación se centra en la relación entre el exministro y Maria Rosaria Boccia, quien supuestamente participó en actividades institucionales sin contar con un nombramiento oficial.
Además, la Fiscalía General de la Corte dei Conti del Lazio ha abierto un expediente para investigar un posible daño erarial relacionado con los viajes y gastos realizados por Sangiuliano y su exasesora.
En particular, los magistrados contables están evaluando los costos de estancias en hoteles, viajes, comidas, cenas y el posible uso indebido de un automóvil oficial.
El propio Sangiuliano ha respondido a las acusaciones afirmando que demostrará su "absoluta corrección" en el manejo de sus responsabilidades como ministro.
Según su abogado, el exministro está preparando una denuncia contra Boccia, la cual incluirá "una serie de documentos, archivos que reconstruyen minuciosamente la cronología de los hechos". El abogado de Sangiuliano asegura que su cliente fue objeto de "presiones ilícitas por parte de Maria Rosaria Boccia".
Por su parte, Boccia reaccionó a través de sus redes sociales, criticando a Sangiuliano por no haberle pedido disculpas y por las amenazas de denuncia en su contra. En sus palabras: "Genny no me ha aún pedido disculpas y continúa amenazando con una denuncia. Las denuncias no se amenazan, se presentan, y estas continuas amenazas tienen el sabor de una extorsión".
Este escándalo se desató inicialmente por una serie de publicaciones en Instagram realizadas por Boccia, lo que generó una ola de especulaciones que culminaron en la dimisión de Sangiuliano como ministro.
Las investigaciones actuales buscan determinar si hubo un uso privado de recursos públicos, así como cualquier otro posible delito relacionado con esta situación.
