La Cámara de Diputados ha aprobado definitivamente el decreto Cárceles con 153 votos a favor, 89 en contra y una abstención.
La votación se llevó a cabo mientras la primera ministra, Giorgia Meloni, se reunía en el Palazzo Chigi con el ministro de Justicia, Carlo Nordio, y otros altos funcionarios para discutir los próximos pasos para abordar la emergencia en las cárceles, una "prioridad" según la premier.
Tras la reunión, Nordio anunció que había solicitado un encuentro con el presidente de la República, Sergio Mattarella, para proponer "modificaciones a las normas sobre la custodia cautelar".
Además, sugirió al Consejo Superior de la Magistratura (CSM) aumentar el personal de la magistratura de vigilancia y considerar que los detenidos con problemas de drogadicción cumplan sus penas en comunidades terapéuticas, una propuesta apoyada también por Forza Italia en el Senado.
La aprobación del decreto en la Cámara de Diputados estuvo marcada por intensas polémicas y un encarnizado debate, especialmente en torno a dos órdenes del día: uno del demócrata Marco Lacarra a favor de las madres detenidas, y otro del diputado de Azione, Enrico Costa, conocido como 'Salva-Toti' o 'Salva Colletti Bianchi'.
Después del voto de confianza nocturno, el examen del decreto comenzó con la aprobación del orden del día del diputado del Partido Demócrata, Gian Antonio Girelli, que comprometía al gobierno a intervenir en la salud mental de las cárceles.
Otros órdenes del día para potenciar actividades teatrales y culturales también fueron aprobados. Sin embargo, el orden del día de Lacarra desató tensiones cuando el gobierno inicialmente mostró su apoyo, pero luego cambió de opinión cuando Lacarra se opuso a que la diputada leghista Simonetta Matone firmara su propuesta.
"Matone siempre se ha expresado de manera contraria en la Comisión", explicó Lacarra, "no puedo aceptar que ahora firme el orden del día" que compromete al gobierno a financiar casas de familia para las madres detenidas.
Este cambio de postura del gobierno provocó la indignación de las bancadas de AVS y PD, que calificaron la decisión como una "represalia". Lacarra la llamó una "retorsión", y Roberto Giachetti se refirió al gobierno como un "gobierno de Asilo Mariuccia". Las protestas continuaron cuando Matone cuestionó si era "mejor estar en el metro robando, con siete meses de embarazo, o en un ICAM, con médico, puericultor y ginecólogo".
Agregó queriendo saber "cuántos de los que se indignan" han "entrado alguna vez en un campo Rom, quizás con tacones altos". Estas declaraciones fueron calificadas de "sexistas" y "racistas" por Laura Boldrini, y de "Estado ético" por Andrea Orlando.
Maria Elena Boschi afirmó que no es cierto que la mayoría de las madres detenidas sean de etnia Rom y subrayó que "en un estado democrático no se hacen normas raciales que afecten a los Rom o a cualquier otro grupo".
Elly Schlein, líder de la oposición, criticó duramente el decreto, describiéndolo como una "furia punitiva que ciega a la mayoría" y que "no hace nada contra el hacinamiento", mientras introduce "más de 20 nuevos delitos".
Otro punto de conflicto fue el orden del día de Enrico Costa, que compromete al gobierno a revisar las normas sobre la custodia cautelar, una propuesta que recibió el visto bueno del ejecutivo y fue respaldada por Forza Italia, Noi Moderati e Italia Viva. C
osta destacó la importancia de la "presunción de inocencia" señalando que "el 25% de la población carcelaria está en custodia cautelar".
Finalmente, las oposiciones solicitaron una conferencia de los jefes de grupo parlamentario para exigir una "acción reparadora" por parte de Nordio, considerándolo una falta de respeto hacia el Parlamento que Meloni y Nordio discutieran la emergencia carcelaria mientras se votaba el decreto.
El presidente de la Cámara, Lorenzo Fontana, reafirmó la "centralidad del Parlamento" y llamó a todas las partes a asumir sus responsabilidades, buscando calmar las tensiones.
