La Cámara de Diputados italiana aprobó de manera definitiva la Manovra 2024 (Presupuesto) con un total de 200 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones.
Esta votación confirma la estructura del proyecto establecida el pasado 16 de octubre por el Consejo de Ministros y adopta, sin cambios, las modificaciones realizadas en el Senado.
El Presupuesto valuado en aproximadamente 24.000 millones de euros y que asciende a 28.000 millones con la adición de los primeros decretos de la delega fiscale, aborda cuestiones cruciales como empleo, pensiones y apoyo a la familia.
Aunque los recursos disponibles están concentrados en ingresos bajos y medidas de apoyo a la natalidad, también se destinan a la salud y a una primera ronda de renovación de contratos del sector público.
El texto del Presupuesto cuenta con 561 párrafos y presenta pocas novedades significativas. Entre ellas, destacan cambios en las pensiones de médicos y empleados estatales, así como ajustes en los fondos para el Puente sobre el Estrecho.
A pesar de un proceso parlamentario complejo, el proyecto fue aprobado justo antes del Año Nuevo, a pesar de las instrucciones de la mayoría de no presentar enmiendas.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. La primera ministra, Giorgia Meloni, agradeció a través de las redes sociales a los parlamentarios de la mayoría y la oposición por su apoyo y unidad.
En su mensaje, destacó la importancia del Presupuesto, que pone en el centro a las familias, el trabajo y las empresas, reflejando los principios que guían la acción gubernamental y el programa respaldado por los italianos.
En su tuit, Meloni afirmó: "Un señal positivo para un Presupuesto importante, que coloca en el centro a las familias, el trabajo y las empresas. En línea con los principios que guían nuestra acción y con el programa votado por los italianos. Y ahora, adelante con determinación, coraje y responsabilidad".
Sin embargo, las críticas de las fuerzas opositoras no se hicieron esperar. La aprobación rápida y sin posibilidad de hacer modificaciones fue cuestionada, y se argumentó que se destinaron recursos a medidas poco efectivas para apoyar el poder adquisitivo de las familias y las empresas.
Entre las medidas destacadas se encuentran la renovación del recorte del cuneo fiscale, que según los críticos beneficia principalmente a los ingresos más altos, y la renovación de contratos en el sector público, considerada costosa y sin garantías de mejorar la calidad de los servicios públicos.
