Este 7 de julio comienza al juicio a 59 acusados por el derrumbe del puente Morandi, casi a cuatro años de la tragedia que se cobró la vida de 43 personas.
Entre los delitos figuran el asesinato en carretera, la omisión de actos oficiales, el ataque a la seguridad del transporte y la falsificación y omisión maliciosa de dispositivos de seguridad en el lugar de trabajo.
“Sabían y no intervinieron”, esta es en pocas palabras la acusación por la que tendrán que responder los ex altos directivos y técnicos de Autostrade y Spea, la empresa que se ocupaba del mantenimiento y las inspecciones, funcionarios actuales y anteriores del Ministerio de Infraestructura.
Para los fiscales Massimo Terrile y Walter Cotugno, la mayoría de los acusados imaginaron que el puente podría colapsar, pero no hicieron nada.
Además de las familiares de las víctimas mortales, entre los demandantes también están los propietarios de empresas que han sufrido, después del colapso, una caída en el volumen de negocios o un aumento de los costos.
Será necesario esperar hasta septiembre para que los fiscales fiscales escuchen a los casi 180 testigos.
Si para tener la primera audiencia las familias de las víctimas tuvieron que esperar casi cuatro años completos, el juicio corre el riesgo de alargarse el tiempo y el sufrimiento.
