Dentro de unos meses, en la región del Molise, el aborto, de alguna forma, ya no será un derecho. Precisamente a partir del 31 de diciembre, fecha en la que el doctor Michele Mariano, ginecólogo, tras un par de prórrogas, se jubilará.
No habrá en cambio, ninguna dificultad para parir, pues en la región quedan veintiséis colegas de Mariano.
Lo que pasa es que todos ellos son objectores. O sea, que sus conciencias les impide atender a quien quiera abortar. Una facultad prevista por la ley número 194, que desde el año 1978 regula la materia. La misma norma que prohibe que la objección de conciencia de alguien afecte la eficiencia de una entera estructura sanitaria.
Para decirlo de alguna forma, supuestamente detrás de cada puerta donde esté escrito “obstetricia” o “ginecología”, una mujer tendría que encontrar profesionales preparados y dispuestos para ayudarla a abortar. Sin embargo, el último estudio sobre la aplicación de la ley refiere que en el 35% de las guardias de ginecología abortar, de hecho, no es posible.
En el caso del Molise tampoco está a la vista alguien que pueda sostituir al doctor Mariano: no se ha postulato nadie para cubrir la vacante. Quizás porque la mayoría de los médicos estaba empleado en los repartos destinados al COVID-19 o porque cumplir con el trabajo de practicar la interrupción del embarazo no es rentable en términos de carrera professional.
Mariano contó a la prensa que hace años estaba a punto de convertirse en primario de ginecología, pero cuando la administración del hospital donde trabaja hizo un acuerdo con la Universidad Católica se dio cuenta que le tocaba renunciar.
