No se termina la polémica por el cobro por parte de algunos políticos del bono de 600 euros en el marco de ayuda por la pandemia del coronavirus . El pasado miércoles dos diputados de la Lega fueron suspendidos. Igual destino le espera a un diputado del Movimiento Cinco Estrellas.
Tampoco la polémica esquiva a los consejeros regionales, cuya asignación mensual oscila entre 8.000 y 12.000 euros. Las indiscreciones sobre sus nombres ha puesto en tela de juicio el Instituto Nacional Previdencial (INPS), administrador del
bono. Con violar la privacidad, el instituto habría violado también su imparcialidad al filtrar el nombre de los políticos que accedieron al beneficio.
Las críticas apuntan a la gestión del presidente del ente Pasquale Tridico, que compareció ante una comisión del Parlamento. Negó que los nombres denunciados por la prensa hayan salido del INPS. El diario La Repubblica, por su parte, ha declarado que no delatará su fuente.
