Autostrade per l’Italia (ASPI) había apelado el decreto del Gobierno nacional que le prohibía participar en la construcción y concesión del nuevo puente Morandi de Génova tras su trágico derrumbe.
La compañía había recurrido al tribunal para quejarse de la violación de una serie de derechos que, según los abogados de la compañía, limitaban con la ilegitimidad constitucional.
El comunicado de la corte
El Tribunal Constitucional ha examinado en la sala del consejo de hoy las preguntas planteadas con respecto a numerosas disposiciones del decreto ley 109 de 2018 emitido después del colapso del puente Morandi.
El decreto confió a un comisionado las actividades encaminadas a la demolición y reconstrucción completas del puente, así como a la expropiación de las áreas necesarias para esto.
Además, se le solicitó al comisionado que identificara las compañías encomendadas, lo que le impedía contactar al concesionario Autostrade Spa (ASPI) y las compañías que lo componen. Finalmente, el decreto impugnado obligó a ASPI a enfrentar los costos de reconstrucción y expropiación.
A la espera de la presentación de la sentencia, la Oficina de Prensa anuncia que el tribunal ha considerado infundadas las cuestiones relacionadas con la exclusión legislativa de ASPI del procedimiento negociado destinado a elegir las empresas a quienes confiar los trabajos de demolición y reconstrucción.
La decisión de no confiar la reconstrucción del puente a Autostrade fue determinada por la gravedad excepcional de la situación que lo llevó, como precaución, a no confiar el trabajo a la compañía encargada de mantener el puente
Luego, el tribunal declaró inadmisibles las preguntas sobre la exclusión similar de las empresas vinculadas a ASPI y las relativas a la obligación del concesionario de cubrir los costos de reconstrucción del puente y expropiación de las áreas en cuestión.
