El decreto fiscal ha sido aprobado por la Cámara, después de varias horas de atrasos en la discusión de las enmiendas, debidas a las protestas de Italia Viva, y después que los partidos de oposición han dejado el aula para no votar.
La mayoría ha encontrado un acuerdo sobre la cárcel para los evasores fiscales
Reducido el aumento de penas por declaración con omisiones y omitida, las detenciones irán entre seis meses y un año. La intención es de “no golpear con rigor excesivo el ocasional culpable de delitos no caracterizados por conductas fraudulentas”.
El aumento más fuerte de duración de la pena, que va desde seis hasta ocho años, concierne la declaración fraudulenta. La confiscación por desproporción, es decir cuando alguien tiene bienes que no podría permitirse según lo declarado, será posible por cifras superiores a 100.000 euros.
Extendida la responsabilidad administrativa de las empresas, exceptuados los crímenes menos graves, con multas hasta un millón de euros y la prohibición de contratar con la pública administración y la exclusión de las financiaciones públicas.
Fue dura la reacción de Confindustria que habla de “enfoque hiperrepresivo”, que, con su proliferación de intervenciones penales, no sería ‘la forma correcta de combatir la evasión y hacer crecer la economía del país”.
Otra razón por la cual el partido de Matteo Renzi no estuvo de acuerdo es el reenvío de un año de la equiparación de las fundaciones políticas a los partidos en materia de transparencia fiscal.
Mancini, del Partido Democrático (PD), quien propuso la enmienda, ha explicado que la razón está en “la imposibilidad para la comisión de control de examinar los estados de flujos de 6.000 asociaciones“.
Pero Renzi en Twitter ataca: “De día, en las redes sociales se hacen los moralistas, de noche en comisión salvan sus asociaciones”.
