El 26 de junio tuvo lugar un megaoperativo de los carabineros del ROS –‘agrupación operativa especial’, en español– y del Comando provincial de Nápoles, que llevó a la ejecución de 126 medidas cautelares, firmadas por el juez para las investigaciones preliminares de Nápoles, Federica D’Auria, y concernientes miembros de los clanes Contini, Mallardo, Bosti, Rullo y Licciardi que obraban en el entero territorio nacional. Fueron secuestrados bienes por más de 13.0000 millones de euros.
Las operaciones fueron coordinadas por la Dirección del Distrito Antimafia (DDA), de Nápoles e incluyeron también a la Policía de Estado y la Dirección de Investigación antimafia (DIA).
Son varios los delitos de los cuales están acusados los presos: asociación de tipo mafioso, narcotráfico, extorsión, usura, blanqueo de capitales y otros más. Tales delitos, como escrito en la nota, serían “indicadores de la pertinaz capacidad de intimidación ejercida en el territorio y, en algunos casos, también de injerencia en estructuras públicas”.
Fueron encarceladas las mujeres de los jefes de los clanes, los hijos, los nietos, los lugartenientes y los empresarios que por años han reciclado capitales acumulados ilícitamente
En el 2012 también fueron más de 100 los integrantes de la alianza de Secondigliano que fueron presos y juzgados en el proceso a los ‘magliari (timadores), que habían llegado a vender en toda Europa materiales falsos, sobre todo prendas de vestir, producidas en los barrios napolitanos de Forcella y de la Duchesca.
Ahora, siete años después, el comercio se había vuelto puro empresariado, señal que los clan tienen una gran capacidad de reorganizarse y adaptarse
