El Consejo de Ministros aprobó a última hora del 21 de noviembre abolir la asignación ciudadana desde el 1º de enero de 2024. Mientras que la Lega y Forza Italia estaban más propensas a una salida suave, Fratelli d’Italia quería terminar de inmediato el beneficio social al creer que esta medida “desincentivó el trabajo”.
La hipótesis de una cancelación inmediata del beneficio ya desde el 1 de enero de 23 (que habría ahorrado 1.8000 millones) parecía demasiado radical. Una mediación propuesta por la ministra de Trabajo, Maria Elvira Calderone, preveía un año de “cojinete” (hasta el 31 de diciembre de 2023), en el que se incorporaron a los trabajadores empleables al mundo laboral (alrededor de 650 mil de los actuales receptores de ingresos).
Al final, el Gobierno decidió reducir esta ventana a ocho meses y el beneficio se perderá ya en el primer rechazo a cualquier oferta laborar, incluso si se tratase de un empleo por unos días. El ahorro esperado se estima en 734 millones de euros.
