El edificio en el centro de Roma de propiedad del Estado que el movimiento de extrema derecha Casapound ocupa abusivamente desde el 2003 será desalojado.
Lo anunció, en un momento que definió histórico, la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi.
Nadie se había atrevido, antes, a enfrentarse con la organización cuyo nombre hasta unos meses destacaba en la fachada de ese monumental edificio de ocho plantas
Allí viven decenas de familias, rigurosamente italianas, supuestamente en dificultad económica. Sumadas, incluso las integradas por empleados del ayuntamiento, en estos años han ahorrado, según calculó la Guardia di Finanza, 4,5 millones de euros de alquiler.
Por este motivo han sido citados a juicio, además de 16 miembros de la organización, ochos funcionarios estatales.
El daño para el Estado, quizás, va mucho más allá. Según la fiscalía, el edificio en el número cívico 8 de la avenida Napoleón III, como ya denunció la Asociación de Partisanos Italianos (ANPI), es el cuartel general de una organización finalizada al odio racial.
El movimiento, cuyo símbolo en referencia al derecho a la propiedad del hogar es una tortuga, en la figura de su líder tomó distancia de quien desde las redes sociales, horas después del anuncio, amenazó a la alcaldesa.
